ePrivacidad – El Derecho al olvido en Internet

Los buscadores de Internet se han convertido en una herramienta fundamental en la sociedad actual; gracias a ellos podemos localizar recursos concretos en cuestión de segundos agilizando y optimizando nuestro tiempo a la hora de buscar información específica.

Dentro del gran volumen de información que manejan los buscadores de Internet podemos diferenciar aquella que hace referencia a información de carácter personal relativa a personas físicas de aquellas que no lo son. Y es en este ámbito en el que las diferentes legislaciones y dictámenes jurisdiccionales de todo el mundo, y muy especialmente de las autoridades europeas, han iniciado la construcción de un marco de defensa de los ciudadanos frente al tratamiento de datos de carácter personal que realizan los buscadores de Internet.

El derecho al olvido en Internet es la posibilidad que tienen los ciudadanos de solicitar la eliminación de cierto contenido en Internet o en los buscadores de Internet.

Desde ePrivacidad defendemos este derecho al olvido y ayudamos a personas a que puedan lograr el anonimato que necesiten en Internet.

Asesoramos a nuestros clientes para determinar la viabilidad de su caso y si se podrían acoger a este derecho al olvido.

Este derecho al olvido surge el 13 de mayo de 2014 se produjo un hito sin precedentes en el ámbito europeo, la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el asunto C-131/12 que enfrentaba al buscador de Internet Google contra el ciudadano español Mario Costeja. Esta sentencia estableció que los ciudadanos europeos tienen derecho a solicitar a Google Inc la supresión o desindexación de su información de carácter personal de la lista de resultados de su buscador, sin importar que la información que se pretende excluir del buscador haya sido o no eliminada de la fuente original.

Es precisamente en el contexto del derecho de rectificación y cancelación donde surge la problemática en la actualidad y la conveniencia de ese derecho al olvido. Hoy, una persona cualquiera puede escribir un mensaje en una red social y al instante, ser leído por millones de personas con repercusión en las actividades económicas, sociales y políticas de cualquier país.

Cuando estos mensajes o informaciones divulgados libremente por Internet, en el pleno ejercicio de esos derechos fundamentales a la libertad de información o expresión contienen datos de carácter personal es cuando nos encontramos con la colisión con el derecho a la protección de datos de carácter personal. Y en este juego de derechos, los buscadores de Internet tienen una posición privilegiada en cuanto al acceso a la información; en muchas ocasiones, la expresión coloquial que se puede leer con frecuencia en Internet “somos lo que Google dice de nosotros”,  cobra todo sentido y es por ello que no es posible eludir la responsabilidad de los buscadores en estas circunstancias.

En este contexto, no se hizo esperar la primera petición de desindexación a un buscador de Internet; en marzo del año 2010 el ciudadano español Mario Costeja solicitó de la Agencia Española de Protección de Datos (en adelante AEPD) la tutela de su derecho de cancelación respecto a un resultado de búsqueda en el buscador Google, por no atender éste su derecho a ser desindexado del buscador. El resultado de búsqueda era relativo a un anuncio publicado en el diario La Vanguardia relativo a una subasta de inmuebles relacionado con un embargo del año 1998.

La AEPD entendió que procedía estimar su petición requiriendo de Google Inc y Google Spain que dejaran de mostrar ese concreto resultado de su índice. El buscador recurrió esta decisión ante la Audiencia Nacional, dando origen a una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea con arreglo al artículo 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, mediante auto de 27 de febrero de 2012 de la Audiencia Nacional.

Esta cuestión prejudicial planteaba diversos interrogantes en relación al ámbito de aplicación territorial de la normativa comunitaria y nacional en materia de protección de datos, en concreto si a Google Inc le puede ser de aplicación el Derecho europeo sobre protección de datos, desde la premisa de que Google tiene su matriz en Estados Unidos y en España solo mantiene una filial[1]; en relación a si un buscador de Internet realiza un tratamiento de datos según lo dispuesto en la normativa de protección de datos de carácter personal, y en caso afirmativo, si entonces el ciudadano europeo tiene derecho a dirigirse al buscador para que retire concretos resultados de búsqueda que contienen información de carácter personal.

Éstas y otras cuestiones fueron abordadas por la resolución dictada por la Gran Sala[2] del Tribunal de Justicia de la Unión Europea el 13 de mayo de 2014, dando lugar a que se generalice la existencia de un mal llamado «derecho al olvido», dado que como tal, este derecho no existe en nuestro ordenamiento jurídico, sino que es el reflejo en Internet del derecho de cancelación del artículo 16 de la LOPD, y de la protección de los derechos al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen del artículo 18.1 de la Constitución Española y desarrollados por Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo sobre protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.

En este contexto es donde entra en juego ePrivacidad, empresa especializada en el ejercicio del derecho al olvido.

[1] A este respecto, cabe acudir a los artículos 2 y 4 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, al margen de considerar que Google presta servicios en la Unión Europea.

[2] Nótese la importancia del pronunciamiento el hecho de que se acudió a la Gran Sala del Tribunal, compuesta por el Presidente del Tribunal, los Presidentes de las Salas de cinco jueces, un Juez ponente y otros Jueces hasta alcanzar un total de 15, a diferencia de las Salas, compuestas únicamente por tres o cinco jueces del Tribunal.

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